Recientemente se ha propuesto un Proyecto de Ley N° 1396/2012-PE que expresa como finalidad mejorar el sistema de provisión de energía a la
demanda interna, para ello coloca el desarrollo del sector hidrocarburos en los hombros del sector eléctrico, mediante la propuesta de creación de una serie de subsidios cruzados desde los usuarios del sector eléctrico hacia los usuarios de gas natural. Subsidios que se sumarían a los ya previstos en la Ley N° 27133 "Ley de Promoción de Desarrollo de la Industria de Gas Natural" y en la Ley N° 29852 "Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético". Asimismo, aparentemente se pretendería que el Estado tome un rol decisor y empresarial en cuanto a las inversiones que deben realizarse en todos el sector energía; es decir, hidrocarburos y electricidad.
Al respecto, comparto un análisis del impacto de dicha norma específicamente referido al sector eléctrico, concluyendo que, si bien intencionado, considero que el Proyecto de Ley resulta impreciso y requiere de ajustes para
lograr adecuadamente su objetivo, preservando a la vez un marco legal
consistente y efectivo en el caso de su aplicación al sector eléctrico; caso
contrario podría no resultar beneficioso para el sistema debido que generaría
incertidumbre innecesaria.
Considero importante compartir estas ideas, pues los medios masivos solo se concentran en si el Estado debe o no ser empresario en actividades sujetas a competencia y con exposición del tesoro, o si se está dejando de lado algún proyecto políticamente emblemático en un sector inmaduro y con un marco regulatorio incipiente aún en el país como es el del gas natural; dejando de lado el efecto que esta norma puede producir sobre un sector maduro como el eléctrico y que tiene un importante impacto en el bienestar del país, dado que es por excelencia el sistema energético del que se hace uso en el hogar y en la industria.
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